Beatriz Gómez, superintendente delegada y esposa de Guillermo Jaramillo, es señalada por presionar la firma de un contrato de $73.000 millones. Procuraduría convoca mesa técnica y avanza en indagaciones disciplinarias.

La Procuraduría General de la Nación liderará una mesa técnica interinstitucional para hacer seguimiento al polémico contrato del Barco Hospital del Amazonas, un ambicioso proyecto de salud flotante que busca atender comunidades remotas de la región. El contrato, inicialmente por $55.000 millones y ajustado a $73.000 millones, ha desatado controversia por las presuntas presiones de Beatriz Gómez, superintendente delegada y esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

La Procuraduría investiga si Gómez abusó de su cargo al exigir la firma inmediata del contrato, presuntamente con la frase:

“Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia.”

La funcionaria habría ejercido esta presión sobre Lina Baracaldo, entonces interventora del hospital San Rafael de Leticia, y Mario Castro, asesor jurídico. La congresista Catherine Juvinao denunció públicamente los hechos y reveló documentos que comprometen aún más a Gómez, quien presentó un impedimento en marzo para no participar en decisiones donde hubiera conflicto con el Ministerio.

“La salud de las comunidades amazónicas está en juego, pero también la transparencia de los recursos públicos”, advirtió la Procuraduría.

Aunque la reunión técnica busca asegurar que el proyecto avance, los aspectos disciplinarios avanzan por vía separada y se consideran gravísimos.