El crecimiento de la contratación pública contrasta con la crisis fiscal del país. La mayoría de los nuevos contratos son precarios y de prestación de servicios.

En solo un año, el gobierno del presidente Gustavo Petro amplió la nómina estatal con 27.000 nuevos contratos públicos, llevando la cifra total a 916.000 empleados contratados por el Estado en 2024, según datos oficiales.

Sin embargo, una gran parte de estos empleos no cuentan con estabilidad, ya que son bajo la figura de prestación de servicios, es decir, sin afiliación a seguridad social, vacaciones, cesantías ni continuidad laboral garantizada.

“Prometieron empleo digno. Pero el Estado sigue usando OPS como si fueran contratos laborales formales.”

Además, este crecimiento se da en un contexto de crisis fiscal, con un gasto superior a los 8 billones de pesos anuales, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad financiera del país y el verdadero propósito de esta expansión burocrática.

Organizaciones laborales y expertos advierten que, lejos de corregir la informalidad, el Estado la reproduce desde adentro.