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Líderes de cabildos indígenas del Cauca acusan al CRIC de haberse convertido en una mafia que se enriqueció con el apoyo del Gobierno Petro.
La fractura interna del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ya es inocultable. Miles de indígenas están desertando de la organización y acusando públicamente a sus líderes de corrupción, enriquecimiento ilícito, abandono institucional y hasta asesinatos.
Uno de los testimonios más contundentes es el del gobernador del cabildo Kiwe Wala, Marcelino Huber Campo, quien declaró que el CRIC los despojó de los sistemas de salud y educación, dejando a las comunidades a la deriva:
“Ahora macheteamos la tierra para sacar café y arreglamos las vías a punta de pala. Ellos (el CRIC) pasan por aquí y ni un refrigerio nos dan.”
La denuncia toma más fuerza si se tiene en cuenta que solo en marzo el Gobierno nacional les giró 57.000 millones de pesos, supuestamente para “dinámicas propias” del territorio. Nada de eso ha llegado a las bases, según los denunciantes.
La descomposición interna también incluye señalamientos sobre asesinatos entre miembros de la misma organización. “Ya ni entre nosotros nos respetamos, porque el poder se convirtió en un negocio”, afirman.
El CRIC, que por décadas fue símbolo de lucha indígena, hoy enfrenta su peor crisis de legitimidad, justo cuando más recursos ha recibido del Estado y más influencia ha tenido sobre la política nacional.
“Nos independizamos porque el CRIC solo trajo problemas. Nos quitaron todo.”
