La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas tras denunciar que el gobierno de Gustavo Petro utilizó el bajo aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 como una represalia política. Esta situación pone en riesgo el sistema de salud en Colombia, según el ente de control.

La procuradora delegada para la salud, Diana Ojeda, explicó que la decisión de fijar un escaso aumento de la UPC no obedeció a criterios técnicos, sino a una respuesta directa por la caída de la ley de financiamiento en el Congreso. Las publicaciones del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, fueron clave para sustentar esta acusación.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, calificó la medida como una «venganza indolente» que podría profundizar la crisis en el sistema de salud. Gaviria advirtió que la falta de recursos podría llevar al cierre de clínicas y la clausura de servicios, afectando directamente a los pacientes.

La Procuraduría también destacó la ausencia de estudios demográficos y financieros que justificaran el aumento. Esto, sumado a la falta de información actualizada de las EPS más grandes del país, agrava la situación y genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema.

La denuncia de la Procuraduría pone en el centro del debate el manejo político del sistema de salud y las posibles repercusiones para millones de colombianos. La crisis sigue en aumento, y el gobierno enfrenta crecientes críticas tanto de expertos como de la oposición.