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La segunda reforma tributaria de Petro trae cambios significativos en el sistema fiscal colombiano, afectando sectores clave.
La segunda reforma tributaria de la administración Petro, conocida como la ley de financiamiento, plantea cambios sustanciales que impactarán diversos sectores de la economía y a personas naturales con altos ingresos o patrimonios. Este proyecto, presentado para su primer debate en el Congreso, tiene como objetivo incrementar el recaudo y promover la equidad fiscal.
El nuevo esquema del impuesto al patrimonio establece diferentes tasas según la base gravable. Para patrimonios superiores a $3.500 millones (72.000 UVT), las tarifas progresivas van desde el 0,5% hasta el 2% para quienes tienen patrimonios superiores a $12.000 millones (240.000 UVT). Este ajuste busca generar mayores ingresos fiscales sin afectar a quienes poseen menores capitales.
Uno de los puntos más polémicos es la eliminación del descuento tributario del 19% para dividendos superiores a 1.090 UVT. Además, se introduce un dividendo presunto del 30% sobre las utilidades, incluso si no son distribuidas, y se eleva la tarifa máxima de impuestos sobre dividendos para personas naturales al 39%.
El sector minero-energético enfrentará una sobretasa del 20% en el impuesto de renta. Esta medida, aunque criticada por empresarios del sector, se implementa como compensación por la eliminación de la deducibilidad de regalías, buscando un equilibrio en el recaudo.
La propuesta incluye beneficios significativos, como descuentos en multas de tránsito del 50% en capital y 100% en intereses para sanciones hasta el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, los contribuyentes en mora podrán acceder a una reducción de sanciones e intereses si pagan la totalidad de su deuda tributaria.
