La Corte Constitucional citó al Gobierno Nacional a rendir cuentas el 11 de noviembre en una audiencia pública, tras un año de guerra en el Catatumbo que ha dejado más de 73.000 desplazados. Según el alto tribunal, la respuesta estatal ha sido tardía, desorganizada y sin liderazgo, mientras el conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc sigue desangrando la región.

A pocos días de cumplirse un año del inicio de la nueva guerra en el Catatumbo, la Corte Constitucional decidió romper el silencio institucional y convocar al Gobierno Nacional a una audiencia pública urgente el próximo 11 de noviembre. La cita se llevará a cabo en el Palacio de Justicia en Bogotá y busca exigir una respuesta concreta frente a lo que el alto tribunal calificó como la peor crisis humanitaria del país en la última década. Más de 73.000 personas han sido desplazadas desde que comenzó el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc, dejando comunidades enteras confinadas y sin atención efectiva.

Durante los últimos meses, la Corte visitó la región para constatar la magnitud del desastre. El diagnóstico fue devastador: no existe un plan de acción claro, las ayudas son fragmentadas y las instituciones trabajan de manera desarticulada. Según el informe preliminar, la Unidad para las Víctimas ha tenido una gestión “limitada y desorganizada”, sin liderazgo definido. En los albergues improvisados faltan alimentos, atención médica y seguridad, mientras el miedo domina entre las familias desplazadas. La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que fueron ignoradas por el Ejecutivo, lo que permitió que la situación se agravara hasta niveles insostenibles.

El confinamiento persiste en al menos 2.400 personas, de las cuales 183 son firmantes del Acuerdo de Paz. Además, la Corte registró seis firmantes desaparecidos y siete asesinados, lo que agrava el riesgo para quienes apostaron por la reincorporación. Muchos fueron obligados a abandonar sus proyectos productivos, quedando expuestos a los mismos grupos que dicen haber renunciado a la guerra. “El Estado ha fallado en garantizar su seguridad y su estabilidad económica”, señala la Corte en su pronunciamiento.

Pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno insiste en que el ‘Pacto Catatumbo’ será la herramienta para superar la crisis, aunque su implementación aún no ha comenzado. Los magistrados advierten que los anuncios no se traducen en acciones reales y que la ausencia de una estrategia integral de seguridad y desarrollo está condenando a miles de personas a vivir bajo el dominio de grupos armados. “La atención ha sido tardía y fragmentada; la guerra sigue y las víctimas esperan respuestas”, concluye la citación.

La audiencia del 11 de noviembre reunirá a representantes de las víctimas, comunidades indígenas del pueblo Barí, organizaciones sociales, autoridades locales y organismos internacionales. La Corte pretende que esta sesión pública marque un punto de inflexión y obligue al Gobierno a asumir una política de atención humanitaria estructural, no un parche temporal. La crisis del Catatumbo es hoy el espejo de un país donde el discurso de la paz se desvanece frente a la crudeza del abandono estatal.