Una nueva controversia de presunta corrupción sacude al gobierno de Gustavo Petro y pone en el centro de la atención a la senadora del pacto histórico Martha Peralta Epieyú. Según revelaciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Peralta Epieyú habría solicitado la asignación de un multimillonario contrato a través de la UNGRD para el mantenimiento de jagüeyes en su departamento, un contrato que aparentemente fue direccionado hacia contratistas cercanos a ella.

El escándalo se desató luego de que se conocieran los detalles de un principio de oportunidad firmado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien reveló información clave sobre la entrega de contratos durante su gestión. Según el acuerdo, Peralta Epieyú solicitó, en septiembre de 2023, el contrato de mantenimiento de jagüeyes por 2.125 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura hídrica en La Guajira, una de las regiones más afectadas por la escasez de agua.

El contrato, cuyo valor exacto fue de 2.125.670.373,75 pesos, tenía como objetivo el mantenimiento de 1.670 jagüeyes, pero la ejecución de la obra nunca se completó. A pesar de esto, el contrato fue tramitado y adjudicado a dos contratistas, Issa Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, propietarios de maquinaria amarilla. Según López, la senadora Peralta Epieyú habría intervenido directamente en el proceso, buscando asegurar que los Rizcala recibieran el contrato, lo que, en este contexto, sería un claro caso de direccionamiento de contratos.

El documento del principio de oportunidad revela que, en una reunión celebrada en las instalaciones de la UNGRD en septiembre de 2023, Peralta Epieyú pidió explícitamente que se tramitara este negocio jurídico, a favor de los Rizcala, a quienes presuntamente les había prometido que recibirían la adjudicación del contrato. Este tipo de acuerdos, según López, no eran aislados y formaban parte de una estructura más amplia de corrupción dentro de la entidad encargada de gestionar los recursos para desastres naturales y prevención en Colombia.

El caso adquiere mayor gravedad cuando se revela que Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, fue el encargado de desarrollar el proceso contractual bajo la coordinación de Peralta Epieyú. Pinilla aprobó la Orden de Proveeduría SMD-GS-MQ-189-2023, a pesar de que el contrato nunca fue ejecutado correctamente. La implicación de más de 40 congresistas en los acuerdos de colaboración con la justicia, como señala Olmedo López, amplifica el alcance de este escándalo y genera una ola de preocupaciones sobre la corrupción en las instituciones del gobierno.